El candidato a gobernador por San Luis, del espacio Juntos por la Gente, Adolfo Rodríguez Saá, aseguró hoy que “ganará las elecciones” del próximo 16 de junio “por un amplio margen”, y precisó que el acto electoral será garantizado por las fuerzas federales, tras confirmar el pedido formulado ante la Secretaría Electoral Provincial y presentar un registro para proteger a los trabajadores y planes.
“Me siento confiado para las elecciones, voy a ganar por amplio margen. Ahora las encuestas dicen que estamos empatados con Alberto. Es una elección difícil pero vamos a ganar ampliamente”, afirmó Adolfo, en declaraciones formuladas a la prensa, tras formalizar junto a un grupo de abogados la creación de un registro de empleados estatales y beneficiarios de planes sociales afectados por persecución política del oficialismo.
Ante una consulta referida al control de las elecciones, Rodríguez Saá indicó que el acto electoral “se garantizará con las fuerzas nacional federales”, tras considerar que las las fuerzas de seguridad de la Provincia “están bajo control del gobernador y el ministro de Seguridad”.
En ese sentido, el candidato precisó que desde el espacio que lidera “solicitamos a la secretaría Electoral Provincial que controle los comicios del 16 de junio”.
En la misma conferencia, luego de que Rodríguez Saá liderara una reunión junto con abogados de toda la provincia, en la que resolvieron formar una agrupación en defensa de los trabajadores que temen perder su empleo o beneficio por pensar distinto. Se emitió un documento que detallamos a continuación:
«En la Provincia de San Luis, actualmente se está viviendo una situación de suma gravedad institucional, que afecta el sistema democrático; en efecto, los empleados públicos, los integrantes del Programa Trabajo por San Luis (Planes Sociales) y a muchos beneficiarios de distintos tipos de becas, el Gobierno de la Provincia de San Luis, no les permite expresar libremente sus opiniones políticas, manifestar sus pensamientos ideológicos, se les controla hasta su intervención en la redes sociales, se les impide su participación en reuniones políticas, todo ello bajo amenazas de ser despedidos, las cuales en muchos casos se han concretado.-
De este modo el Estado Provincial, anti democráticamente, controla y persigue al sector de la población más indefenso, más necesitado, amenazándolos con ser despedidos en caso de hacer alguna tipo de manifestación política a favor de algún candidato de la oposición, cualquiera sea, lo cual es absolutamente repudiable.-
La libertad de expresión es un derecho de carácter constitucional, pilar fundamental de la democracia, sin ella ésta no existe; es el derecho a expresar libremente las opiniones y convicciones políticas, es el derecho a que ningún Gobierno, ni poder,criminalice a los ciudadanos por sus expresiones. Sin libertad de expresión no puede haber democracia, pues esta supone el derecho de los ciudadanos a participar en el gobierno y este derecho no se podría ejercer si los ciudadanos no pudiesen expresar libremente sus opiniones y convicciones políticas. En este sentido, los ataques a la libertad de expresión por parte del Gobierno Provincial pueden ser considerados ataques a la democracia.
Lo expuesto provoca una grave situación institucional, que los hombres y mujeres de derecho NO PODEMOS CONSENTIR, razón por lo cual decidimos:
- Conformar una ASOCIACIÓN DE ABOGADOS EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL DERECHO DE EXPRESIÓN, quienes asumimos el compromiso de ejercer una defensa activa de todos los ciudadanos, de cualquier signo político, que el Gobierno de la Provincia lo haya despedido de sus trabajo, o quitado alguna beca, como consecuencia de haber efectuado alguna manifestación política en contra del Gobernador de la Provincia de San Luis, Dr. ALBERTO RODRÍGUEZ SAA o de alguno de los FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL.-
- Abrir un Registro de empleados públicos, integrantes del Programa Trabajo por San Luis (planes sociales) y de beneficiarios de distintos tipos de becas del Gobierno de la Provincia, que hayan sido perseguidos o despedidos de su trabajo, como consecuencia de haber efectuado manifestaciones políticas a favor de algún candidato opositor al Gobierno Provincial.-
- Proponer una legislación que devuelva la competencia de la protección de los derechos de los trabajadores y beneficiarios de planes y becas del Gobierno de la Provincia a los tribunales inferiores de nuestra Provincia, sacando la competencia originaria del Superior Tribunal.-
- Proponer un nuevo sistema de votación que pueda garantizarle la independencia de los ciudadanos en la elección de los candidatos.-
- Tomar medidas para garantizar una mejor calidad institucional, tales como exigir inmediatamente la designación del DEFENSOR DEL PUEBLO, que pueda actuar en resguardo de los derechos de los más necesitados.-
- Exigir la inmediata integración del Superior Tribunal, con el número mínimo de miembros que exige nuestra Constitución.-
Todo lo expuesto a los fines de efectuar una defensa y resguardo de los derechos de los trabajadores, cuyas garantías constitucionales han sido vulneradas.»
Fuente: Prensa Juntos por la Gente.
